DECLARACIÓN sobre NAMA

DECLARACIÓN sobre NAMA
Red Nuestro Mundo No Está en Venta (OWINFS)

¡No permitamos que la OMC destruya las industrias de los países en desarrollo y subaste nuestros recursos naturales!

Mucha gente sabe que la Organización Mundial del Comercio (OMC) abre los mercados de los servicios y la agricultura con efectos negativos para los agricultores, los servicios públicos y el medioambiente en todo el mundo. Pero la OMC ahora quiere poner a la venta el resto del planeta, a través de un nuevo acuerdo sobre Acceso a los Mercados para los Productos No Agrícolas (conocido como NAMA por su sigla en inglés) que se está negociando actualmente como parte de la ‘Ronda Doha’ de negociaciones comerciales, y mediante el cual los gobiernos pretenden liberalizar todos los sectores restantes de la vida económica de nuestras sociedades.

El acuerdo NAMA contiene propuestas que restringirían severamente la capacidad de los gobiernos para ejecutar políticas nacionales de interés público y por el bien común, incluso políticas diseñadas para apoyar a los productores de los países del Sur generalmente más débiles y de menor porte. También podría obligar a los países que aplican los aranceles más altos (es decir, la mayoría de los países en desarrollo) a realizar los recortes más profundos y los mayores compromisos, aun cuando eso podría debilitar a industrias y sectores económicos clave en esos países. Si a esto se le suma el hecho que la OMC efectivamente ‘encierra’ sin salida a los países mediante estos acuerdos de libre comercio, queda muy claro que el NAMA representa una amenaza muy grande para los países que ya están bregando por desarrollar sus economías y sortear la carga injusta e insostenible de la deuda externa.

Nosotros, las organizaciones abajo firmantes, estamos unidos en oposición a este nuevo intento de abrir mercados para beneficio de las empresas transnacionales y a costa de la pequeña y mediana industria y productores, las economías y culturas locales y el medioambiente. Hay que frenar las propuestas de NAMA y llevar a cabo estudios exhaustivos sobre los potenciales efectos sociales, ambientales, sobre el empleo y en materia de desarrollo y equidad de género.

Por eso exhortamos a los gobiernos a:

Detener las negociaciones sobre el NAMA y acordar al realización de una revisión exhaustiva e independiente acerca de los efectos potenciales del NAMA para el desarrollo económico, la diversificación productiva industrial de los países en desarrollo, el medioambiente y el bienestar social (incluidos empleo, salud y equidad de género);
Reconocer y garantizar el espacio político necesario y las flexibilidades con que deben contar los gobiernos, preservando su derecho a emplear herramientas políticas, incluso medidas comerciales cuyo fin sea generar economías justas y sustentables, proteger y promover el empleo, el bienestar social, la salud y el medioambiente al tiempo que se garantiza la participación de la ciudadanía;
Fomentar la conservación y el manejo sustentable de los recursos naturales incluso mediante la decisión de frenar la liberalización del comercio de bienes tales como los bosques, los peces, el petróleo, el gas, los metales y los minerales.

Efectos del NAMA en la industria y el desempleo de los países en desarrollo

El recorte general y acelerado de los aranceles de importación y otras medidas propuestas en el marco del acuerdo sobre el NAMA amenazan con impedir la industrialización de los países en desarrollo, a los cuales no se les permitiría proteger a sus vulnerables industrias locales contra la competencia de grandes empresas extranjeras transnacionales que pueden producir masivamente grandes cantidades de productos baratos (siendo que los países hoy industrializados emplearon frugalmente medidas de comercio cuando sus propias industrias nacionales necesitaban ese tipo de apoyo para desarrollarse).
El cierre de industrias y pequeños talleres locales como consecuencia de la presión que suponen las importaciones a precios más bajos llevaría a incrementar el desempleo. La liberalización del comercio impuesta por el FMI-Banco Mundial mediante sus programas de ajuste estructural ya tuvo efectos desastrosos para el empleo en África, Asia y algunos países de América Latina.
Combinada con la des-industrialización, la liberalización de los recursos naturales prevista por el NAMA (que incluiría la pesca, la minería y los bosques y la silvicultura) también podría empujar a los países a una mayor dependencia de la exportación de materias primas que generan relativamente pocas ganancias, en lugar de contribuir a la diversificación de sus economías. Cualquier aumento del volumen de captura en la pesca sería especialmente dañino, ya que conduciría a índices crecientes de desempleo, pobreza y desnutrición para los miles de millones de personas que dependen de los recursos marinos para su alimentación y sustento.
Los países en desarrollo también se verían privados de los ingresos que hoy perciben por concepto de aranceles comerciales (impuestos aduaneros). Esto es de importancia capital, ya que muchos de esos gobiernos dependen en buena medida de esos ingresos para costear servicios sociales esenciales.
El acuerdo sobre el NAMA empujaría asimismo a los países en desarrollo a una situación en la que tendrían que importar más, al mismo tiempo que exportarían menos a consecuencia de la des-industrialización, generándoles así crecientes déficit comercial y un deterioro sostenido de su balanza externa de pagos.

Explotación creciente de recursos naturales

Las negociaciones sobre el NAMA representan una seria amenaza general al medioambiente, y la mayoría de los países ignoran los efectos ambientales y sociales adversos que supondría potencialmente la liberalización del comercio en materias primas. Todos los recursos naturales están incluidos en las negociaciones del NAMA –y algunos sectores como la pesca y la minería de oro, de diamantes y aluminio incluso están propuestos para su liberalización completa.

La liberalización creciente de las materias primas podría conllevar mayor explotación y comercio de recursos naturales escasos, y privar a los gobiernos de su capacidad para emplear medidas comerciales a fin de administrar sus reservas de manera sustentable y por el bien común.
El acuerdo sobre el NAMA podría restringir el uso de aranceles u otras herramientas comerciales en manos de los gobiernos para preservar los medios de sustento de millones de pescadores artesanales en todo el mundo y garantizar que los pueblos de los países en desarrollo puedan seguir contando con la pesca como fuente importante de proteínas.
Los gobiernos tendrían menos espacio para utilizar medidas comerciales con el fin de proteger poblaciones de peces en peligro de extinción. Al mismo tiempo, la liberalización del comercio podría fortalecer aún más a las industrias de procesamiento de pescado y acuicultura, sin tener en cuenta los impactos sobre los derechos humanos y la contaminación de los ambientes costeros.

Leyes nacionales y espacio para la formulación de políticas en riesgo

Muchos gobiernos están usando el acuerdo sobre el NAMA y otras negociaciones en el seno de la OMC para atacar legítimas normas no comerciales de protección del medioambiente, el bienestar social y la salud en todas partes. Ellos sostienen que estas llamadas “barreras al comercio” obstruyen de algún modo las exportaciones de las empresas transnacionales. Hay leyes sobre alimentos y medicinas, pesca, madera y petróleo, eficiencia energética, pruebas químicas, reciclaje y normas de calidad de las industrias electrónica y automotriz que han sido colocadas en la lista como parte de las negociaciones de NAMA, aparentemente por orden directa de las empresas que seguramente se beneficiarán con su eliminación. Este ataque concertado a las reglamentaciones hace caso omiso de la necesidad de utilizar normas legales para proteger y promover la salud y bienestar de la ciudadanía, conservar los recursos naturales y frenar el cambio climático.

Conclusiones

Las negociaciones sobre el NAMA se están llevando a un ritmo tan veloz que impide la participación efectiva de los gobiernos con menos recursos y personal, y más aún que estos realicen los estudios necesarios sobre el impacto potencial de un nuevo acuerdo de NAMA en sus economías, los trabajadores y el medioambiente. Aun cuando los Países Menos Adelantados disponen de algunas exoneraciones limitadas en la actual ronda de negociaciones, ellas no son suficientes para garantizar su desarrollo futuro.

En realidad, lo que se pretende imponer ahora es exactamente contrapuesto al acuerdo para el “desarrollo” que le vendieron a los países en desarrollo en la Conferencia Ministerial de la OMC en Doha en 2001. En esa reunión, a los países en desarrollo se les prometió que no tendrían que ceder tanto como los países más ricos. Pero en las negociaciones actuales sobre el NAMA se les está exigiendo realizar mayores “ajustes” y adaptaciones que a los países altamente industrializados, y tomar riesgos mucho mayores respecto de su producción actual y sus perspectivas futuras de desarrollo. Los ministros de comercio de los países del África, el Caribe y el Pacífico (ACP) ya han expresado claramente que les “preocupa que las propuestas contenidas en el texto de Derbez y su anexo sobre [los textos de negociación de] el NAMA … profundizarán aún más la crisis de la des-industrialización y acentuarán el desempleo y la crisis de la pobreza en nuestros países”. Sin embargo, a pesar de estas declaraciones de evidente preocupación, sus puntos de vista han sido descaradamente ignorados por los países industrializados y los responsables de forzar el avance de estas propuestas extremas. No se puede permitir que esta situación continúe. Por eso exhortamos a los gobiernos a:

Detener las negociaciones sobre el NAMA y acordar al realización de una revisión exhaustiva e independiente acerca de los efectos potenciales del NAMA para el desarrollo económico, la diversificación productiva industrial de los países en desarrollo, el medioambiente y el bienestar social (incluidos empleo, salud y equidad de género);
Reconocer y garantizar el espacio político necesario y las flexibilidades con que deben contar los gobiernos, preservando su derecho a emplear herramientas políticas, incluso medidas comerciales cuyo fin sea generar economías justas y sustentables, proteger y promover el empleo, el bienestar social, la salud y el medioambiente al tiempo que se garantiza la participación de la ciudadanía;
Fomentar la conservación y el manejo sustentable de los recursos naturales incluso mediante la decisión de frenar la liberalización del comercio de bienes tales como los bosques, los peces, el petróleo, el gas, los metales y los minerales.

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