Estafa climática: "Metas" no vinculantes para el clima pero normas si vinculantes en el comercio de servicios

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por Deborah  James, Red Nuestro Mundo No Está En Venta (OWINFS),  djames@cepr.net

El mundo entero está pendiente de los líderes de casi todos los países del mundo que se reúnen en París esta semana para establecer metas de reducción de emisiones de carbono a fin de enfrentar el cambio climático mundial.

Desafortunadamente,  representantes de 50 de los mismos gobiernos también están reunidos esta semana en Ginebra para negociar normas vinculantes que limitarán en gran medida la capacidad de los países para cumplir con esas metas.

La 15ª ronda de negociaciones para establecer un "Acuerdo de Comercio de Servicios" o TISA (por su sigla en inglés), está sesionando una vez más en Ginebra. Los miembros del TISA son actualmente Australia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, Mauricio, México, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, Panamá, Perú, Corea del Sur, Suiza, Taiwán, Turquía, Estados Unidos y los 28 estados miembro de la Unión Europea. ¿Cómo es que todo el  mundo sabe de las negociaciones de París, pero nada sobre las que se desarrollan en Ginebra? Eso se debe a que las negociaciones de Ginebra ocurren en secreto, precisamente porque los negociadores no quieren que el público sepa qué es lo que están planeando.

El TISA está inspirado en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de la OMC, que Naomi Klein documentó en su libro  'Esto lo cambia todo', y que ha sido utilizado extensamente en contra de las políticas ambientales. Sin embargo, el objetivo del TISA es ir más allá que el AGCS porque las grandes empresas consideran que las normas existentes "no son suficientemente ambiciosas". Las grandes empresas de servicios financieros, logística y tecnología, principalmente de Estados Unidos y también la UE, pretenden ampliar el AGCS de la OMC para desarrollar un conjunto de normas de desreglamentación y privatización que limiten el control público del funcionamiento de los servicios a nivel nacional y mundial, dejando de lado los asuntos relativos al medioambiente, el empleo y el desarrollo y beneficiar así a las empresas transnacionales y su derecho a funcionar y obtener ganancias.

Afortunadamente, Wikileaks nuevamente viene al rescate. Hoy publicaron análisis y propuestas secretas filtradas que establecerían normas de gran alcance que les dan a las grandes empresas derecho de acceso a los mercados y a limitar el control público de los servicios ambientales y energéticos y el transporte carretero en los países miembro del TISA.  

 El análisis de la propuesta de “Anexo sobre servicios relacionados con la energía" indica que el TISA les daría "derechos" en los mercados nacionales a las empresas extranjeras de energía. En lugar de exigir reducciones de las emisiones de carbono o promover el acceso de los países pobres a tecnologías limpias, el anexo propuesto del TISA en realidad limitaría la capacidad de los gobiernos (a nivel nacional, regional o local) para establecer políticas que diferencien las fuentes de energía contaminantes y a base de carbono, tales como el petróleo y el carbón, de las fuentes de energía limpias y renovables, tales como la eólica y la solar. Esto sería así de conformidad con el "principio de neutralidad tecnológica" revelado en el análisis de Víctor Menotti sobre el capítulo propuesto,  publicado por la federación internacional de sindicatos, la Internacional de Servicios Públicos (ISP) en el día de hoy.

Visto que gran parte de las políticas climáticas se basan hoy en día en reducir la dependencia de los combustibles fósiles, es difícil imaginar cómo los gobiernos podrían lograr reducir el uso de combustibles fósiles al grado que se necesita para cumplir con las metas, si no pueden establecer diferencias entre las distintas fuentes de energía.

Los países en desarrollo exigen que el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas quede consagrado en cualquier acuerdo nuevo sobre el clima; el TISA, por el contrario, soslayaría las inquietudes de los países en desarrollo planteadas en la OMC, y no contiene las (débiles) flexibilidades para los países en desarrollo incluidas en el AGCS de la OMC.

De hecho, uno de los propósitos clave del TISA parece ser "quitarle el  poder político a la gente sobre las políticas climáticas y energéticas para moldear economías justas y sustentables a través de sus gobiernos, y transferírselo a grandes empresas mundiales que usan el TISA para restringir la capacidad de los gobiernos de reglamentar los mercados, las empresas y la infraestructura de la industria de energía", afirma Menotti. Eso incluye limitar la capacidad de los gobiernos de garantizar que la extracción de recursos naturales derive en beneficios económicos nacionales, que en muchos países en desarrollo es una estrategia clave para la reducción de la pobreza.

Pero no sólo la política energética está en juego. En su análisis sobre el capítulo propuesto sobre servicios ambientales, Bill Waren, de Amigos de la Tierra Estados Unidos, observa que el "espectro de reglamentaciones ambientales que el TISA abarca y pone en riesgo parece ser amplio". El anexo indica que se aplicaría a servicios importantes que a menudo son suministrados por el gobierno como servicios públicos, tales como el alcantarillado y tratamiento de aguas servidas, la eliminación de desechos y el saneamiento, pero también a otros "servicios de protección ambiental" no definidos. Las normas del TISA sobre "Trato Nacional" también exigen que los gobiernos les aseguren a las empresas extranjeras "condiciones de competencia" por lo menos tan favorables como a las empresas locales. Increíblemente, ¡esto también se aplicaría a servicios ambientales que aún no se han inventado!

En su análisis, Waren también detalla cómo la "excepción que protege los derechos de los gobiernos a reglamentar la prestación de servicios ambientales es en gran medida ineficaz".

Además, las normas del TISA sobre "acceso al mercado" limitan la capacidad gubernamental de reglamentar la cantidad de proveedores de servicios, el valor total de los servicios proporcionados, el formato jurídico-legal de las empresas de servicios y otros aspectos regulatorios, y se aplicarían no sólo a los servicios energéticos y ambientales que figuran en los anexos específicos, sino aproximadamente a otros 160 sectores de servicios, muchos de los cuales afectan significativamente al medioambiente, entre ellos: servicios inmobiliarios; venta al por menor; construcción; transporte aéreo, carretero y marítimo de carga y pasajeros; suministro de electricidad, gas y agua; servicios de agricultura, caza, silvicultura, pesca, minería, servicios públicos y otros.

El anteproyecto de anexo sobre transporte carretero revela problemas similares a los anexos sobre transporte marítimo y aéreo publicados anteriormente. Mientras la ciudadanía y los funcionarios electos se proponen metas ambientales y de creación de empleo en torno a las obras de infraestructura como puentes y carreteras, y los activistas ecologistas y sindicales hacen mucho énfasis en la necesidad de gravar y reglamentar el transporte marítimo y aéreo para financiar la adaptación y mitigación climática y reducir las emisiones de carbono de las industrias del transporte, el TISA propone imponer un modelo empresarial corporativo que favorecería el "derecho" de las empresas transnacionales a funcionar y limitaría su reglamentación. En su análisis del borrador del capítulo, la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF, por su sigla en inglés) observa que el "impacto combinado de las disposiciones de los documentos del TISA que se filtraron representaría una gran barrera para cualquier Estado que quiera administrar, operar e invertir en su infraestructura nacional, o planificar el desarrollo de la industria del transporte y defender estándares sociales y de seguridad en su funcionamiento".

Estos capítulos propuestos que publicó recientemente Wikileaks también se interrelacionarían con otros capítulos del TISA tales como los de reglamentación nacional, transparencia, compras públicas y otros asuntos transversales. Las similitudes con el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) propuesto y sus potenciales impactos negativos son evidentes, tal como se describe en detalle en un análisis publicado el 2 de diciembre por Sierra Club, titulado A Dirty Deal: How the Trans-Pacific Partnership Threatens our Climate [PDF].

Ambos facultarían a las empresas de combustibles fósiles a impugnar políticas ambientales --en el caso del TISA que se propone, con base en más de 20 motivos que se detallan en el capítulo sobre  Reglamentación Nacional. Este capítulo restringe la capacidad gubernamental de reglamentar en materia de normas técnicas, títulos de aptitud y prescripciones y procedimientos para la obtención de licencias, con el fin  para proscribir políticas --incluso leyes nacionales sobre energía y medioambiente-- y cambiarlas por otras que, entre otros requisitos, no representen "una carga innecesariamente onerosa" y sean "objetivas" y "razonables". ¿Pero qué significan estas palabras?

¿Representa acaso "una carga innecesariamente onerosa" el hecho que se requiera una evaluación ambiental antes de aprobar una licencia para un oleoducto? ¿Será acaso un requisito "objetivo" exigir que un porcentaje específico de la electricidad provenga de fuentes renovables? ¿Será "razonable" una ley municipal como la que reclaman los activistas que trabajan a favor de la justicia climática, que exija normas técnicas mejoradas para reducir la contaminación provocada por las usinas de generación de electricidad ubicadas cerca de barrios residenciales de comunidades de color de bajos ingresos?

La pregunta es, ¿por qué habrían de darle nuestros gobiernos el derecho de decidir sobre estos asuntos a empresas extranjeras, siendo que se trata claramente de decisiones que atañen a las comunidades locales y los ciudadanos, los funcionarios electos, los reguladores, consumidores, trabajadores y el público en general?

Estos ataques contra las políticas nacionales en materia de medioambiente y energía podrían ocurrir incluso antes de su adopción, cuando aún están en proceso de deliberación, a través del capítulo del TISA que se propone sobre "Transparencia", que exigiría que los gobiernos les brinden a las empresas extranjeras el derecho a hacer aportes --y los mecanismos para ello-- a los anteproyectos de medidas nacionales tales como leyes, reglamentaciones, procedimientos y decisiones administrativas, antes de tomar una decisión final. También podría obligar a los gobiernos a responderles a las empresas extranjeras que hicieron aportes, en caso que no estén de acuerdo con la decisión final. Los negociadores también están considerando la posibilidad de establecer el derecho a interponer un recurso de apelación independiente si la empresa extranjera no está de acuerdo con la decisión soberana final --pero cabe preguntarse, ¿independiente de quién?

Tanto el TPP como el TISA que se propone restringirían la capacidad de los gobiernos de usar las compras públicas como mecanismo para promover el "compre ecológico". Eso ocurriría a través del capítulo que disciplina las compras públicas, que en el TISA hace referencia a los capítulos de servicios energéticos y ambientales. Según el análisis de la Red del Tercer Mundo, las compras públicas

"representan una gran fuente de demanda de proveedores nacionales de servicios y el hecho de reservarlas para las empresas nacionales (o darles cualquier tipo de preferencia) puede facilitar el desarrollo social y económico, proporcionar empleo y oportunidades de negocio para las personas o comunidades marginadas o desfavorecidas y actuar como una herramienta de 'redistribución de la riqueza'".

El capítulo del TISA sobre compras públicas que se filtró liberaría al mercado todas las compras públicas realizadas mediante licitación pública, de todas las agencias gubernamentales, y de cualquier monto.

Por lo tanto, al igual que el TPP, el TISA limita la capacidad de los gobiernos de establecer políticas que favorezcan la creación de 'empleos verdes', como las que reclaman los  Sindicatos por la Democracia Energética, o que respondan al reclamo de una Transición Justa planteado por la Confederación Sindical Internacional (CSI) y respaldado por We Mean Business, The B Team y siete grandes redes de la sociedad civil como CIDSE (la Alianza Internacional de Agencias Católicas de Desarrollo), Amigos de la Tierra Internacional, ActionAid Internacional, Greenpeace Internacional, Christian Aid, WWF y Oxfam Internacional.

Además de las disposiciones específicas de los acuerdos está el problema del modelo general de globalización empresarial, que los acuerdos como el TISA que se propone convierten en ley internacional. El libro de Naomi Klein destaca cuán poco se ha escrito sobre "cómo el fundamentalismo de mercado, desde los primeros momentos, ha saboteado sistemáticamente nuestras respuestas colectiva frente al cambio climático". En un fragmento de su libro publicado por The Guardian, Klein afirma que:

"El problema central radicaba en que el predominio que había adquirido la lógica de mercado sobre la vida pública en este período hizo que las respuestas más directas y obvias al problema fueran catalogadas como herejía desde el punto de vista político.  Para empezar, ¿cómo podrían las sociedades invertir masivamente en servicios públicos e infraestructuras sin emisiones de carbono, cuando al mismo tiempo se estaba desmantelando sistemáticamente la esfera pública y se la vendía al mejor postor? ¿Cómo podrían los gobiernos reglamentar, gravar y penalizar severamente a las compañías de energías fósiles cuando todas las medidas de este tipo eran descartadas como reliquias del comunismo de “órdenes y control”? ¿Cómo podría haber recibido el sector de energías renovables el apoyo y la protección que necesitaba para sustituir a las energías fósiles cuando el "proteccionismo" era considerado una mala palabra"?

El aumento de las inversiones en servicios públicos e infraestructura sin emisiones de carbono requerido por las Metas de Desarrollo Sostenible que acordaron recientemente los gobiernos en las Naciones Unidas se verá obstaculizado por la desreglamentación y la privatización de servicios --entre ellos los servicios ambientales-- encarnadas en el modelo del TISA.

Tampoco es muy probable que el llamado Acuerdo sobre Bienes Ambientales que se negocia bajo los auspicios de la OMC contribuya a las Metas de Desarrollo Sostenible, aunque su Director General, Roberto Azevêdo, sostiene que aportará soluciones climáticas, a pesar que incluye un montón de productos que no tienen ningún fundamento ambiental, según la ONG Transport & Environment. El Acuerdo sobre Bienes Ambientales que se propone no sólo aumentaría el comercio de estos productos, sino que reduciría a cero los impuestos que pagan las empresas por el privilegio de obtener ganancias de tal comercio. Una vez que los miembros hayan llegado a un acuerdo sobre la lista de productos a incluir en el Acuerdo sobre Bienes Ambientales, que pretenden finalizar a tiempo para la inminente Conferencia Ministerial de la OMC a realizarse en Nairobi, Kenia, del 15 al 18 de diciembre de 2015, también discutirán sumar los servicios ambientales al acuerdo.

Las protecciones y ayudas que reclaman los países en todo el mundo para las energías renovables no figuran en ninguno de los capítulos que se filtraron del TISA propuesto. Las restricciones a los subsidios para energías renovables, tales como las ayudas de India a la energía solar impugnadas con éxito por Estados Unidos en la OMC, se mantienen hasta ahora en pie al igual que la ausencia de disciplinas para otros subsidios similares que trasladan cientos de miles de millones de dólares [PDF] de las arcas públicas a las industrias de combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas), según Oil Change International.

El TISA también comparte similitudes con otro acuerdo que se está negociando contrario a las metas ambientales, según un análisis ambiental: la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones (TTIP, por su sigla en inglés). Los nuevos derechos para los inversionistas y empresas que se proponen en el TISA y el TTIP, así como en el TPP, serían jurídicamente vinculantes y exigibles, mientras que cualesquier disposiciones "ambientales" no lo serían. Esta situación también se refleja en las negociaciones de París para llegar a un nuevo acuerdo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), con Estados Unidos encabezando el llamado a que las metas ambientales sean sólo voluntarias y oponiéndose a cualquier disposición que sea vinculante con arreglo al derecho internacional.

El Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, Alfred de Zayas, publicó recientemente un importante informe para la ONU que trata de los impactos adversos de los acuerdos internacionales de comercio e inversiones sobre el orden internacional en términos de derechos humanos, donde reclama que estos acuerdos se sometan a evaluaciones de impacto ambiental, en la salud y los derechos humanos. ¿No es hora de que frenemos la presión de las grandes empresas a nuestros gobiernos para que propaguen acuerdos que dañan el medioambiente, a la vez que restringen a los gobiernos impidiéndoles implementar las soluciones necesarias para combatir el cambio climático y salvar la vida en el planeta tal como la conocemos? Para poder implementar soluciones climáticas frenemos el TISA, y también el TPP y el TTIP.

La red mundial Nuestro Mundo No Está En Venta (OWINFS) trabaja con la ISP contra el TISA que se propone. Por más información: http://ourworldisnotforsale.net/es/themes/3085.