La amenaza del TISA para la alimentación y la agricultura
Presentación de la UITA en el Foro Público de la OMC 2014 - Panel de Uni Global Union / Internacional de Servicios Públicos "Por qué un acuerdo de comercio de servicios (TISA) nos concierne a todos".
La mirada de la UITA sobre el TISA y sobre cualquier otro acuerdo comercial comienza con el derecho a la alimentación, que es un derecho humano básico. Todos los seres humanos tenemos derecho a alimentos adecuados y suficientes, inocuos y nutritivos a precios asequibles. La legislación internacional de derechos humanos establece este derecho y los gobiernos están obligados a defenderlo y emprender acciones que contribuyan a su realización. Por principio, sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos les prohíben a los gobiernos firmar cualquier acuerdo que ponga en riesgo este derecho. El TISA y la liberalización de los servicios en general socavan este derecho alentando y llevando a cabo la mercantilización y privatización del abastecimiento y distribución de agua, orientada por el afán de lucro. Según un informe publicado por el Comisionado de Derechos Humanos de la ONU hace más de una década, el derecho al agua implica el derecho a no estar excluido de los servicios de abastecimiento de agua potable y a estar protegidos contra aumentos de tarifas que la hagan inasequible. Las obligaciones de derechos humanos, sin embargo, no impidieron que la Unión Europea les solicitara a más de 70 países, de conformidad con las normas del AGCS, que abrieran sus mercados a la recolección, purificación y distribución de agua, todo lo cual tiene un impacto directo en la alimentación. Y es plausible esperar solicitudes similares amparadas en el TISA.
La mayor parte del debate y las luchas en torno a la privatización y desregulación de los servicios hídricos se ha centrado en el abastecimiento de agua en los centro urbanos: en los últimos 15 años, cerca de 90 municipalidades de países ricos y pobres han restituido la propiedad y control de los servicios de abastecimiento de agua potable a la esfera pública municipal como respuesta al deterioro del servicio y la calidad del agua y al aumento de las tarifas. Esta reafirmación del control público hizo que entraran en conflicto con las disposiciones de los acuerdos comerciales, en algunos casos exponiéndolos a demandas inversionista-Estado que tienen como resultado sanciones punitivas.
Pero a menudo se hace caso omiso o se olvida que el 70% de todo el consumo de agua dulce --y hasta el 80% en los países en desarrollo-- corresponde a la agricultura. El vínculo entre la producción de alimentos y el agua se transforma en asunto crítico a la luz de crisis creciente de escasez de agua. La escasez de agua afecta a más de mil millones de personas que dependen de la agricultura para su sustento, y un poco menos de la mitad de ellos son trabajadores agrícolas asalariados que se cuentan entre los sectores con mayor inseguridad alimentaria en el mundo. La escasez de agua significa escasez de alimentos y hambre.
Los productores de alimentos -agricultores y trabajadores - enfrentan cada vez más competencia por los recursos hídricos, al mismo tiempo que la calidad del agua continúa deteriorándose por el impacto que tienen las prácticas agrícolas intensivas con mucho uso de insumos, que agotan y contaminan las fuentes de agua dulce y contribuyen al cambio climático que impone cada vez más presión sobre las fuentes de agua. Por eso el derecho a la alimentación no puede separarse del derecho al agua y la gestión sustentable de los recursos hídricos. Y no podemos olvidar que los trabajadores agrícolas a menudo viven donde trabajan --la ausencia de agua potable es una amenaza inmediata tanto para su sustento como su salud.
La agricultura necesita reconstruirse urgentemente para alcanzar la seguridad alimentaria, y para poder reconstruir un sistema alimentario destruido se necesitan recursos y espacio político, elementos que están precisamente en la mira de acuerdos como el TISA. Abrir la gestión de los recursos hídricos a los inversionistas transnacionales socavará la lucha por una agricultura sustentable aumentando su costo, reduciendo su calidad y desviando los servicios hídricos de donde más se necesitan para alentar la aplicación de métodos agrícolas sustentables. La desregulación promueve el consumo de los usuarios más destructivos ambientalmente. Estos usuarios, los productores de monocultivos que producen cada vez más para la exportación, son también las principales fuentes de contaminación del suelo y del agua.
Además de la mano de obra escandalosamente infravalorada, el agua no es el único servicio esencial a la producción de alimentos. La agricultura depende de todo un complejo de servicios de apoyo y extensión, crédito, investigación, análisis, mercadeo --muchos de los cuales siguen siendo brindados por los gobiernos. Estos también pueden y serán abiertos por el TISA, socavando aún más la seguridad alimentaria y la agricultura sustentable. El agua puede ingresar en el TISA a través de los "servicios ambientales" o quizás encontrar otra forma de entrar. En este momento simplemente no lo sabemos, pero sí sabemos que las grandes empresas de servicios viven con frustración el lento avance del AGCS, y que el agua es una de las principales ambiciones de las grandes empresas. SI el agua, o los servicios de apoyo de la agricultura no se incluyen específicamente en la lista de excepciones establecidas cuando se firma el tratado, será imposible protegerlos, sin hablar de las necesidades y respuestas políticas esenciales para la seguridad alimentaria que puedan surgir en el futuro. Las cláusulas de "mantenimiento del statu quo" y los "efectos de trinquete" significan que no hay vuelta atrás.
La agricultura se ha vuelto más volátil ya que depende cada vez más de los circuitos financieros internacionales; sin embargo, el TISA restringiría la potestad y capacidad de los gobiernos para establecer medidas de regulación financiera. Las iniciativas para reducir la especulación y limitar la volatilidad de los mercados de mercancías, incluidos los alimentos, se denominarán "barreras al comercio de servicios", y el apoyo financiero destinado a los servicios para promover una agricultura sustentable constituiría "subsidios ilegales".
El TISA puede afectar la alimentación y la calidad de los alimentos de muchas otras maneras. Miles de personas mueren cada año en Estados Unidos y millones se enferman como resultado de afecciones relacionadas con la alimentación, sin embargo la UE propone el "reconocimiento mutuo" de las normas en materia de inocuidad de los alimentos y otras en las negociaciones en torno al TTIP en la búsqueda de una "convergencia regulatoria". La inspección de alimentos y los servicios de análisis --que son servicios públicos esenciales-- podrían ser los próximos candidatos para la privatización.
Las negociaciones del AGCS no han podido avanzar y las negociaciones de la Ronda de Doha de la OMC también están estancadas, quizás definitivamente, especialmente en torno al tema de la seguridad alimentaria. Es por esto que surgen los nuevos mega tratados, como el TISA. Todos son "OMC +" y nos conciernen a todos, ya que las exigencias crecientes impuestas por cada nuevo tratado tienen inmediatamente un efecto más amplio. Eso puede ocurrir debido a la aplicación del principio de NMF, las presiones para firmar nuevos TBI o TLC, o multilateralizando el TISA a través de la OMC. La red de tratados se esta volviendo cada vez más densa y más restrictiva. El multilateralismo que pretendemos, uno que garantice el derecho a la alimentación, por ejemplo, es un multilateralismo basado en los derechos, que es incompatible con el TISA y los acuerdos en los cuales se basa; y por esta razón nos oponemos a él.
Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA)
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