Darle la vuelta: Nuevas normas multilaterales de comercio para la prosperidad compartida centrada en los pueblos y el desarrollo sustentable

Septiembre 2021

1. Los pueblos de todo el mundo necesitan una economía mundial que facilite una prosperidad compartida con derechos humanos, laborales, sociales y económicos para facilitar el logro, como mínimo, de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por los Estados miembro de la Organización de las Naciones Unidas en septiembre de 2015 en la forma de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El sistema multilateral de comercio debería contribuir a esta visión; pero en su lugar, se encuentra en crisis ya que no ha logrado brindar prosperidad compartida y ha pisoteado los derechos universales de los pueblos. Esto se debe a que las elites empresariales se han apoderado del “comercio” para amañar las normas del sistema multilateral con el fin de distribuir los ingresos hacia arriba y reducir las protecciones para las personas que trabajan. La promesa de que el crecimiento del comercio generará una situación en la que “todos ganan” ha demostrado ser una mentira y en su lugar, la mayoría de los pueblos viven el aumento del comercio como una carrera hacia al abismo en materia de salarios, precariedad, servicios públicos, medioambiente y las normas relativas al consumo. La crisis provocada por el daño real a los pueblos de todo el mundo como consecuencia del orden económico neoliberal representado por la OMC, y las políticas nacionales de austeridad, han provocado levantamientos en cuatro continentes, migraciones masivas y la elección de gobiernos populistas de derecha en muchos países. La inestabilidad social, que afecta particularmente a las mujeres, pueblos marginados, a la gente en situación de pobreza y los Pueblos Indígenas, es el resultado de estos fracasos, y asimismo puede decirse que la crisis de la OMC es de su propia responsabilidad. Los gobiernos deben encarar las fallas fundamentales del sistema actual de globalización dirigido por las grandes empresas, no extender ni consolidar los desequilibrios de poder. La solución ante los ataques actuales contra la versión empresarial de la política comercial no es un falso nacionalismo, sino una nueva visión de multilateralismo cuyo resultado sea la estabilidad ecológica y la prosperidad compartida. Un camino para lograr tal economía se describe en “Nuevo Multilateralismo -Prosperidad Compartida: Los Principios de Ginebra para un Nuevo Pacto Verde”.¹

2. La pandemia de COVID-19 ha puesto al desnudo cómo el modelo de la OMC exacerba la inseguridad, desigualdad e inestabilidad. Las cadenas de suministro profundamente integradas creadas por las normas de la OMC en el transcurso de las últimas décadas hoy están minando los esfuerzos de numerosos países en la lucha contra la pandemia mundial de COVID-19. En todo el mundo hay países que no pueden fabricar o adquirir mascarillas, dispositivos de pruebas, ventiladores, medicamentos, vacunas y otros equipos necesarios. Las normas de la OMC han priorizado durante décadas los intereses de las grandes empresas que exigen la concentración de la producción mundial a fin de maximizar sus ganancias y prohíben el uso de herramientas de política pública para garantizar que exista capacidad de producción a nivel local y diversidad de proveedores cuando sea necesario importar. Las normas de la OMC en materia de propiedad intelectual, diseñadas para maximizar las ganancias de las grandes empresas farmacéuticas en vez de la salud pública, han empujado los precios al alza y generado escasez de medicamentos esenciales para combatir la COVID-19 en muchos países y están provocando muertes y mayor incidencia de enfermedades en todo el mundo que podría haberse evitado.

3. Si bien es esencial contar con un sistema multilateral que regule el comercio y controle el comportamiento de las grandes empresas, el sistema específico de normas representado por la OMC debe ser impugnado porque en sus 25 años de existencia no ha logrado propiciar el desarrollo, promover la prosperidad compartida ni garantizar la sustentabilidad del comercio. Las predicciones de un incremento compartido del crecimiento bajo el paraguas del sistema de la OMC han fracasado abismalmente, como varias de nuestras organizaciones vaticinaron al momento de su fundación, mientras que la desigualdad se ha disparado, empobreciendo a cientos de millones de personas. La mayoría de los países en desarrollo que se han beneficiado del comercio lo han conseguido exportando bienes a China, cuyo crecimiento se atribuye por lo general a sus diferencias con el modelo de la OMC, entre ellas su uso de políticas industriales. Si bien algunos países en desarrollo han incrementado su cuota de participación en el comercio mundial, la cuota parte de sus ingresos provenientes del comercio mundial se ha visto reducida por las empresas transnacionales (ETN) que se quedan con los segmentos de alto valor mientras que tercerizan las operaciones de bajo valor a los países en desarrollo que se ven atrapados en estrategias de desarrollo fundadas en la explotación laboral. Por eso, la participación ampliada de los países en desarrollo en los mercados mundiales no ha resultado en el desarrollo económico prometido en la mayoría de ellos.

4. La OMC se fundó sobre la premisa de que el comercio debería servir como instrumento para mejorar las condiciones de vida y garantizar el pleno empleo. Sin embargo, a pesar de que la productividad se disparó desde la fundación de la OMC, los salarios de las trabajadoras/es y los ingresos de las personas que trabajan se han mantenido estables en el mejor de los casos o incluso han disminuido respecto del capital. Esto se debe a que las grandes empresas han usado el incremento de las ganancias obtenidas para invertirlas en controlar el proceso de elaboración de políticas, particularmente a través de la OMC así como de tratados comerciales bilaterales y regionales y acuerdos de inversiones, con el fin de garantizar que las políticas públicas configuren la economía de manera tal que garantice la concentración de los ingresos en sus manos. “Compensar a las/os que pierden” con las normas perjudiciales de los acuerdos comerciales no debería depender únicamente de políticas nacionales de redistribución. A las ETN se las debe obligar, en el marco del derecho nacional e internacional, a integrar la diligencia debida en materia de derechos humanos a lo largo de la cadena de suministro y garantizar que existan mecanismos de denuncia, acceso a reparaciones y la aplicación plena de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos (UNGP, por su sigla en inglés) y los Principios y derechos fundamentales en el trabajo, de la OIT como estándar mínimo. Las políticas de desarrollo que promueven buenos empleos e industrialización no deben verse limitadas por las normas del comercio mundiales. Necesitamos un nuevo contrato social que garantice la protección laboral como piso, que incluya empleo digno, servicios públicos universales de calidad y cobertura social, diligencia debida en materia de derechos humanos y rendición de cuentas por las empresas, diálogo social y una transición justa hacia una economía de carbono cero y nuevas políticas antimonopólicas a nivel mundial, todo lo cual no debe verse socavado por las normas mundiales del comercio.

5. Al mismo tiempo, el futuro de los seres humanos en el planeta está amenazado por nuestro propio y vasto consumo excesivo de carbono, que ha provocado un cambio climático catastrófico que está dando lugar actualmente a calamidades ambientales que causan pérdidas devastadoras de vidas humanas, fauna y flora. El comercio es uno de los factores principales de contribución al cambio climático, y las normas de la OMC que facilitan los sistemas de producción con altos niveles de carbono y al mismo tiempo limitan la transferencia de tecnologías verdes y los subsidios en pos de una economía de energía sustentable, ya no son sustentables.

6. Al mismo tiempo y del mismo modo que acumulan derechos a través de acuerdos ‘comerciales’ a costa de las personas que trabajan, las grandes empresas también lo hacen a expensas de los Estados democráticos. Esto ha llevado a la erosión de la democracia, ya que los Estados no logran cumplir con el contrato social. Las grandes empresas han influido en las normas del comercio en el marco de la OMC para permitir la facturación errónea del comercio que les ha permitido eludir o evadir impuestos que son necesarios para el funcionamiento de la sociedad. Esto, combinado la concentración de la riqueza a nivel más amplio facilitada por las normas del comercio ha generado concentraciones de poder inadmisibles que dan lugar a niveles peligrosos de desigualdad. Al exigir compromisos de desregulación y propiedad extranjera de los servicios, las normas del comercio también contribuyen a la privatización, que ha erosionado el suministro de servicios públicos y ha limitado el derecho de los Estados a regular a las ETN, lo cual acrecienta aún más el poder empresarial privado sobre todos los aspectos de la vida humana. La influencia excesiva de las grandes empresas y sus grupos de cabildeo también es cada vez más evidente en otras instituciones como las Naciones Unidas y particularmente en el ODS 17 cuyo objetivo es facilitar una mayor influencia empresarial en la gobernanza mundial.

7. Es responsabilidad y obligación principalmente del Estado garantizar la materialización de los derechos humanos de sus ciudadanas/os. Su capacidad de hacerlo depende de su capacidad de adaptarse a desafíos futuros; ejercer prerrogativas en materia de políticas; establecer, mantener y ampliar los servicios públicos y reglamentar libremente al capital. El actual régimen de comercio no salvaguarda estas funciones esenciales del Estado y las subvierte a favor de la lógica y necesidades del comercio.

8. Las normas de la OMC sobre la agricultura limitan la capacidad de los países de proteger su propio desarrollo rural, los medios de sustento de las agricultoras/es y la seguridad y soberanía alimentaria en todo el mundo, y han contribuido a múltiples crisis alimentarias y erosionado la seguridad alimentaria neta en muchos países.

9. La estabilidad y previsibilidad financiera y económica son esenciales para la prosperidad compartida. Sin embargo, la ciencia demuestra que aunque las normas actuales de la OMC pueden haber generado mayor previsibilidad para los inversionistas y las grandes empresas comerciales, las trabajadoras/es y comunidades enfrentan cada vez mayores niveles de precariedad laboral, tercerización, recortes de los servicios públicos y una carrera hacia el abismo en la cual se les deja a su suerte para enfrentarse a una desarticulación sin precedentes de la economía mundial, a menudo provocada por crisis financieras y cambios rápidos en los patrones comerciales, mientras que muy pocas de ellas y ellos gozan de protección social generalmente insuficiente.

10. La OMC es única entre las organizaciones multilaterales en términos de su falta total de facilitación de la participación de la sociedad civil, sindicatos y comunidades de base que se ven negativamente afectadas por las políticas de la OMC, mientras que muchos representantes empresariales gozan de acceso cercano al proceso de elaboración de políticas, incluida la redacción de muchos textos de los acuerdos. Los Miembros de la OMC son cada vez más reservados respecto de los textos y las negociaciones, lo que imposibilita la rendición de cuentas y el debate público. La Secretaría se está involucrando activamente ahora en asociaciones con la comunidad empresarial mundial para aumentar la influencia de esta, mientras que no hace nada para remediar la exclusión de las/os representantes de la sociedad civil del proceso deliberativo de la OMC. Más indignante aún y escandaloso es que la Secretaría está abogando abierta y públicamente a favor de la ampliación de las disciplinas de la OMC en áreas como la economía digital, a beneficio de unos pocos miembros y las grandes empresas de tecnología con sede en esos países, a la vez que no cumple con su obligación de facilitar la conclusión de negociaciones para mejorar las normas perjudiciales vigentes de la OMC con el fin de permitir que el comercio promueva un desarrollo verdadero, sustentabilidad y prosperidad compartida, que hace mucho están bloqueadas. Finalmente, la verdadera crisis del Mecanismo de Solución de Diferencias (MSD) es que juzga causas usando normas que privilegian los derechos comerciales de las grandes empresas por encima del interés público: en 80 casos que implican políticas de interés público, la OMC falló 73 veces a favor del derecho de las empresas a comerciar.² Además, los países poderosos han podido hacer respetar sus derechos en la OMC a través del MSD muchísimo más que los países pobres, un hecho pocas veces mencionado en los debates sobre el brazo judicial de la OMC. Es enormemente improcedente considerar la posibilidad de ampliar el alcance del modelo fallido de la OMC sobre la vida humana.

Por lo tanto, como miembros y aliados de la red mundial de la sociedad civil Nuestro Mundo No Está En Venta (OWINFS, por su sigla en inglés), comprometidas/os por un sistema multilateral de comercio socialmente justo, sustentable, democrático y que rinda cuentas, exigimos un nuevo sistema de normas multilaterales mundiales.

11. Muchas de las organizaciones abajo firmantes vienen criticando desde hace tiempo las normas de la OMC por considerarlas perjudiciales e inadecuadas para la gobernanza mundial del comercio. A estas alturas, tras casi 25 años de existencia de la OMC, sus resultados demuestran que sus críticos tenían razón; no es el sistema correcto de gobernanza del comercio para lograr prosperidad compartida. Por lo tanto, debe concebirse un nuevo sistema de normas multilaterales de comercio que haga de la prosperidad compartida, la sustentabilidad ambiental y el logro de los ODS de la Agenda 2030 su preocupación central, por encima de los intereses comerciales de las grandes empresas poderosas. Dada la trayectoria de la OMC de no atender los intereses de los países en desarrollo; la consagración de los derechos de las ETN por encima de los derechos de las ciudadanas/os y trabajadoras/es y las obligaciones ambientales; y el papel sesgado de la Secretaría en promover intereses alineados con los miembros poderosos y las elites por encima de los intereses de los países en desarrollo y las trabajadoras/es, no hay pruebas que demuestren que la OMC en sí misma pueda lograr los cambios transformadores fundamentales en el sistema mundial de comercio necesarios en este momento. Por lo tanto, se requiere una nueva visión del multilateralismo para generar los empleos, infraestructura y servicios necesarios que son esenciales para lograr los ODS, y también para salvaguardar nuestro planeta para las generaciones futuras. Este nuevo multilateralismo tiene que incluir un nuevo conjunto de normas que rijan el comercio mundial.

12. Entre tanto, mientras se concibe una institución fundamentalmente nueva, los gobiernos deben imponer cambios transformadores a las normas vigentes. Las normas de la OMC limitan demasiado a menudo la capacidad de los gobiernos de usar las políticas de desarrollo tradicionales -que usaron todos los países industrializados en su propio desarrollo- para promover el empleo y las industrias nacionales. A pesar de las afirmaciones hipócritas de los países desarrollados y las elites mundiales en la OMC, ellos han frenado la resolución del programa de desarrollo en la OMC por casi 20 años. Es imprescindible fortalecer las normas de Trato Especial y Diferenciado y ponerlas en funcionamiento para todos los países en desarrollo, haciendo hincapié en que se les libere de aplicar las normas vigentes de la OMC que son perjudiciales y limitan el uso de políticas de desarrollo basadas en pruebas. En lo inmediato, esto significaría que los gobiernos gocen del margen de maniobra en materia de políticas necesario para garantizar la seguridad alimentaria nacional; para utilizar el derecho a la transferencia de tecnología y al uso de sus datos; para aprovechar los requisitos de desempeño que generan empleo tales como los requisitos de contenido local y mano de obra local; y disponer de más flexibilidad para garantizar el acceso asequible a medicamentos, entre otras prioridades urgentes.

13. También exigimos el cese inmediato de las iniciativas de ampliación del alcance y cobertura de las normas perjudiciales vigentes o su expansión a nuevos ámbitos. En particular, es imprescindible que nuestros gobiernos le pongan freno a la iniciativa de las grandes empresas de tecnología que quieren usar la OMC para asegurarse nuevos derechos favorables a las grandes empresas en la economía digital y obstaculizar un control regulatorio adecuado. Exigimos que se le ponga punto final a las iniciativas que pretenden: desreglamentar toda la economía digital a través de las mal llamadas negociaciones sobre “comercio electrónico”; imponer más disciplinas a las políticas de inversiones a través de las negociaciones sobre “facilitación de las inversiones”; coartar aún más la soberanía regulatoria a través de las negociaciones sobre “reglamentación nacional”; reiniciar las negociaciones sobre la liberalización de los servicios; y a las iniciativas que pretenden limitar las flexibilidades en materia de desarrollo en el contexto de las negociaciones sobre subsidios a la pesca. Los impulsores empresariales de estas negociaciones las están llevando a cabo como negociaciones “plurilaterales” que son ilegales en la OMC porque carecen de mandato, ya que la mayoría de los países en desarrollo se oponen a ellas, por buenas razones.

14. Las normas actuales de la OMC dan derechos a comerciar y restringen las modalidades que puede adoptar la reglamentación del comercio. Pero los gobiernos no comercian, son las empresas las que lo hacen. Por eso los “derechos” en el marco de la OMC los ejercen las grandes empresas, mientras que las disciplinas en el marco de la OMC limitan la potestad de los gobiernos de reglamentar ese comercio en aras del bienestar general y el interés público. “Redactar las normas del comercio” es a menudo de hecho una denominación errónea que en realidad implica “restringir la regulación al mismo tiempo que se les conceden privilegios a las grandes empresas, empoderándolas”. Este es un enfoque errado de la “reglamentación” del comercio. En su lugar, necesitamos un sistema que promueva la prosperidad compartida salvaguardando los derechos humanos, laborales, económicos y sociales; que les conceda a los países el espacio de maniobra en materia de políticas necesario para aplicar estrategias demostradas de creación de empleos dignos e industrialización; y que les exija rendir cuentas a las grandes empresas y les imponga sanciones por todos los abusos a lo largo de sus cadenas de suministro y prácticas comerciales. Exigimos, como pieza de la nueva arquitectura multilateral, la adopción inmediata de un Tratado Vinculante sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos, que se está negociando actualmente en el marco de la Organización de las Naciones Unidas.

Específicamente, exigimos que los gobiernos transformen el sistema mundial de comercio de la manera siguiente:

1. Exigimos empleo digno y margen de maniobra en materia de políticas para el desarrollo industrial

En lugar de usar el comercio para aumentar los niveles de empleo y prosperidad, las normas de la OMC se enfocan en reducir los aranceles y la reglamentación y otras políticas que aumentan el poder de negociación del capital a expensas de la fuerza de trabajo. Esto obliga a las trabajadoras/es a incurrir en competencia desleal y aceptar condiciones injustas, lo que lleva a la inexistencia de un salario mínimo vital y protecciones laborales, mayor precariedad laboral, explotación de las mujeres e inseguridad en los lugares de trabajo. La libertad de movimiento creciente del capital y la globalización liderada por la OMC desataron una carrera hacia el abismo, donde los países y las zonas especiales de exportación compiten en reprimir los derechos laborales con el fin de atraer inversiones. Las cadenas de suministro mundiales que son el modelo de producción dominante en la actualidad, están plagadas de esclavitud, trabajo infantil y todas las formas de explotación laboral que afectan desproporcionadamente a las mujeres trabajadoras. Además, las grandes empresas globalizadas quieren imponer nuevas normas que les garanticen más derechos a los inversionistas a expensas de las trabajadoras/es, entes reguladores y el público en general, a través de las negociaciones en pos de un acuerdo sobre “facilitación de las inversiones”. En su lugar, necesitamos un sistema mundial de comercio que haga hincapié en incrementar las oportunidades de trabajo digno y las condiciones de vida de las personas que trabajan.

• Cualquier acuerdo actual o futuro debe enfocarse en utilizar el comercio para promover y extender el trabajo digno con un nuevo contrato social y protección laboral como piso, tal como se exige en la Declaración del Centenario de la OIT, y proteger el margen de maniobra de los países en materia de políticas en pos de la prosperidad compartida a través del pleno empleo, mediante la transformación estructural y la industrialización, y a través de salarios más altos y diálogo social.
• Deben cesar las negociaciones que buscan imponer más normas de inversiones en la OMC a través de la “facilitación de las inversiones”.
• Además, exigimos que se lleven a cabo evaluaciones de impacto social –por ejemplo sobre desigualdad, la calidad del empleo y la creación de empleo— respecto de las políticas y negociaciones actuales de la OMC y cualquier cambio futuro, y la implementación de los cambios a las normas vigentes que son necesarios para garantizar un sistema multilateral de comercio que promueva el pleno empleo y el trabajo digno.

2. Exigimos margen de maniobra en materia de políticas para la industrialización digital, y potestad para usar los datos en aras del bienestar general y el interés público

Actualmente, las empresas más grandes quieren utilizar la OMC para reescribir las normas con el fin de arraigar jurídicamente y perpetuar para siempre sus prácticas monopólicas mediante el acceso a y el control del recurso más valioso del mundo, los datos. Pero los datos no deben ser controlados por grandes empresas privadas para maximizar sus ganancias privadas. En su lugar, muchas personas y gobiernos están empezando a percatarse de la necesidad de establecer y garantizar la propiedad nacional y comunitaria de los datos y de la soberanía en materia de datos. Todos los países y comunidades deben disponer del derecho a usar sus datos, así como las tecnologías y la digitalización en general, para fomentar la industrialización y empleos dignos, y para el bienestar general y el interés público, tal como mejorar el acceso a los servicios públicos de calidad. Además, las grandes empresas quieren usar las negociaciones sobre el comercio digital para consolidar su modelo empresarial perjudicial de evasión de las reglamentaciones, explotación laboral, evasión de impuestos (tanto de impuestos empresariales como impuestos al comercio o aranceles) y falta total de rendición de cuentas a las comunidades de las que obtienen sus ganancias. La gobernanza adecuada, democrática y participativa de Internet y el derecho a la privacidad, el derecho económico de los pueblos a sus datos, y la protección de los datos no deben estar supeditados a intereses comerciales privados. Las negociaciones actuales en pos de un acuerdo sobre el comercio digital van mucho más allá del comercio electrónico y pondrían en riesgo nuestra privacidad y los derechos económicos de los pueblos a sus datos; exacerbarían las desigualdades ampliando incluso la brecha digital; promoverían la evasión fiscal de las grandes empresas digitales; aniquilarían a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME); consolidarían el control monopólico de las empresas pioneras en el mercado; redundarían en mayor inseguridad para nosotras/os al prohibir que haya controles adecuados de los códigos fuente y los algoritmos; y anularían para siempre el margen de maniobra en materia de políticas para la industrialización digital. Los negociadores argumentan supuestos beneficios para las mujeres emprendedoras y las MIPYME, mientras que las negociaciones reales incluyen disposiciones que serían sumamente perjudiciales para la amplia mayoría de las mujeres y pequeñas empresas. Exigimos que:

• Cesen las negociaciones plurilaterales y multilaterales (así como bilaterales) en pos de un acuerdo vinculante sobre el comercio digital (“comercio electrónico”).
• Cese la apropiación del “empoderamiento de las mujeres” y las MIPYME para promover dicho acuerdo sobre el comercio digital.
• Los gobiernos acuerden fuera de la OMC una norma mundial de alta calidad para la protección de los datos personales, la propiedad nacional y comunitaria sobre sus datos, así como principios aplicables para el uso de los datos, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático que sean éticos y promuevan la igualdad y la justicia social.
• Cesen las iniciativas en pos de aplicar nuevas obligaciones a los miembros conminándoles a aceptar el equivalente de nuevos compromisos en materia de servicios a través de la “neutralidad tecnológica” referida a las nuevas tecnologías.
• Se deben acordar y aplicar nuevas políticas a favor de la competencia en un ámbito por fuera de la OMC.
• Se deben modificar las normas actuales, incluso en la OMC, que facilitan la evasión fiscal, la elusión fiscal y otros flujos financieros ilícitos, particularmente de las grandes empresas digitales, para garantizar así que los países cuenten con una base fiscal adecuada para financiar el logro de los ODS.
• Además, deben eliminarse cualesquier restricciones actuales que imponga la OMC al margen de maniobra en materia de políticas para la industrialización digital, el uso de datos para el bien común e interés público, y el logro de los ODS relativos al acceso a la tecnología de información y comunicaciones, incluida la diversificación industrial y la agregación de valor -tales como las limitaciones a los requisitos de desempeño como la transferencia de tecnología, la contratación de trabajadoras/es y administradoras/es locales, y el uso de insumos locales.

3. Exigimos el derecho a proteger el margen de maniobra en materia de políticas para el desarrollo

Con arreglo a un conjunto adecuado de normas, que pueden diferir y variar según el nivel de desarrollo de cada país, el comercio puede contribuir a la prosperidad compartida. El comercio no es en sí mismo la meta. Si el resultado real del comercio en función de las normas actuales o propuestas obstaculiza la capacidad de los países para desarrollarse y de las trabajadoras/es para prosperar en base a su trabajo, entonces se necesitan nuevas normas. Los países en desarrollo han vivido los impactos perjudiciales de las normas de la OMC desde que empezaron a aplicarlas y han planteado infinidad de propuestas para poder acceder a los beneficios del comercio y a la vez mantener el margen de maniobra en materia de políticas necesario para el desarrollo. Estos “asuntos de implementación”, ahora incluidos en el paquete de propuestas del G90 sobre el Trato Especial y Diferenciado, se diseñaron para resolver algunas de las asimetrías y sesgos de la Ronda Uruguay. En su lugar, algunos países desarrollados están atacando las pocas flexibilidades disponibles para los países en desarrollo a la aplicación de las perjudiciales normas vigentes de la OMC, mediante sus llamados a favor de una “diferenciación” de los países con grandes volúmenes de población que les obligaría a adoptar disciplinas incluso más onerosas que hipotecarían su capacidad de desarrollar sus economías. Según el estudio más reciente de la UNCTAD,³ esta “diferenciación” es completamente inadecuada y no tiene sustento en la realidad económica. Peor aún, algunos países proponen cargas incluso más onerosas a los países en desarrollo miembros bajo la bandera de la “transparencia y la notificación”. Al mismo tiempo, en las negociaciones para imponer disciplinas a los subsidios en el sector pesquero, algunos países están presionando para restringir las disposiciones de Trato Especial y Diferenciado (que forman parte del mandato del ODS 14.6), impidiendo así que los países en desarrollo se beneficien de sus recursos pesqueros y garanticen la seguridad de los medios de sustento de las pescadoras/es de pequeña escala, permitiendo a la vez que las grandes flotas pesqueras comerciales, que son las mayores responsables de la sobrepesca, obtengan ventajas competitivas por ser las primeras en el mercado. Además, las preocupaciones e intereses comerciales de los Países Menos Adelantados (PMA) no deberían ser víctima de las demandas extremas de las ETN por mayor acceso al mercado de los países en desarrollo con grandes volúmenes de población. Por lo tanto:

• Es imprescindible que la OMC se re-enfoque en un paquete de propuestas robusto para garantizar el margen de maniobra en materia de políticas para el desarrollo –conocido como el programa de Trato Especial y Diferenciado— como agenda principal de la OMC, y que se lo apruebe de inmediato.
• Las iniciativas de “diferenciación” de los países en desarrollo para evitar que accedan a derechos y flexibilidades en la OMC deben abandonarse.
• La ampliación de compromisos vinculantes para reducir aranceles a través de las negociaciones sobre acceso al mercado de productos no agrícolas (NAMA, por sus siglas en inglés), el acuerdo sobre bienes ambientales (EGA), y las presiones para que los países se sumen al acuerdo ampliado sobre Tecnología de la Información (ITA-II) deben abandonarse.
• Ningún acuerdo para limitar los subsidios en el sector pesquero debe socavar los derechos soberanos ya establecidos en la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar. Todo resultado debe incluir un fuerte componente de disposiciones sobre Trato Especial y Diferenciado para garantizar que los países en desarrollo puedan proponerse el desarrollo sustentable de sus sectores pesqueros, al mismo tiempo que los subsidios perjudiciales a las grandes flotas industriales tienen que disciplinarse.
• Debe implementarse inmediatamente el paquete para los PMA, incluido el acceso libre de gravámenes y libre de contingentes para los PMA, una resolución justa e inmediata a los reclamos de los países productores de algodón, y una exención en materia de servicios para los PMA.
• Las propuestas para aumentar las cargas administrativas de los países en desarrollo bajo la rúbrica de “transparencia y notificación” son totalmente inadecuadas y deben sustituirse por cambios para hacer que la institución funcione de manera más transparente y democrática y que respete las limitaciones de capacidad de los países miembro, incluso evitando organizar reuniones simultáneas; garantizando que se documenten adecuadamente las reuniones y que siempre se brinden servicios de interpretación.
• Si los PMA buscan su adhesión a la OMC, su ingreso no debe estar condicionado por reclamos de acceso al mercado, sino que deben poder adherir con arreglo a términos que les permitan usar el comercio en función de sus necesidades de desarrollo. Dichos términos no deben ir más allá de aquellos aplicados a los miembros de la OMC que fueron originalmente PMA. Los países que se “gradúan” de su condición de PMA deben disponer de flexibilidades para adoptar las nuevas normas según modalidades que sean compatibles con su trayectoria de desarrollo.
• Debe llevarse a cabo una evaluación exhaustiva de las restricciones vigentes a la potestad de los países de proponerse políticas nacionales y usar el comercio para el desarrollo, para que las normas de la OMC sobre propiedad intelectual, agricultura, inversiones, servicios y bienes puedan transformarse así con arreglo a políticas de desarrollo de transformación estructural.

4. Exigimos acceso a la salud y medicamentos asequibles, no patentes monopólicas

Los titulares de patentes monopólicas son la clase más protegida dentro de las normas de la OMC a través del acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). El acuerdo sobre los ADPIC ha conllevado una transferencia masiva de riqueza de los pacientes y los presupuestos de salud de los Estados hacia las grandes empresas, y del Sur Global hacia las grandes empresas farmacéuticas que tienen sede casi exclusivamente en el Norte Global. Como lo que buscan las grandes empresas es la extensión de sus patentes en lugar de innovar en medicamentos necesarios, se ha dado lugar a una crisis de innovación. Derogar el acuerdo sobre los ADPIC salvaría millones de vidas en todo el mundo al facilitarse así el acceso a medicamentos esenciales para los pueblos de todos los países. Los promotores del acceso a la salud y medicamentos asequibles obtuvieron una importante victoria en 2001 con la adopción de la Declaración de Doha sobre Salud Pública y los ADPIC. Esta declaración reafirmó las flexibilidades contenidas en el acuerdo sobre los ADPIC y su uso para encarar las necesidades de salud pública de los Estados miembro de la OMC. Sin embargo, las negociaciones que tuvieron lugar tras la Declaración y que tendrían que haber facilitado la exportación de medicamentos a los países bajo la figura jurídica de licencias obligatorias concluyeron sin establecer un mecanismo viable para traducir los derechos acordados en acceso real. La salud pública ha sido víctima de los complejos y estrictos monopolios de patentes a los que se les ha dado prioridad en lugar que a garantizar el acceso a los medicamentos. La falta de acuerdo inmediata en torno a la exención de los ADPIC durante la pandemia de COVID-19, tal y como se propuso en octubre de 2020, ha dado lugar a millones de muertes y personas enfermas innecesariamente. Por lo tanto, en el plazo inmediato:

• Los Estados miembro deben revisar la decisión del 30 de agosto de 2003 sobre los ADPIC y la decisión posterior de modificar los ADPIC en 2005 y mejorar estas decisiones para que sean funcionales y viables.
• Los miembros deben acordar de inmediato la exención a los ADPIC, tal y como la han propuesto más de 60 países, a fin de salvar vidas durante la pandemia mundial de COVID-19.
• Los miembros deben acordar una moratoria permanente a las quejas de no violación de los ADPIC.
• Los miembros deben volver permanente la exención de las obligaciones de los ADPIC para los PMA, mientras sigan siendo PMA, sin ninguna condición, inclusive permitirles a los miembros que son PMA revertir la implementación actual de los ADPIC.
• Además, los miembros deben llevar a cabo una evaluación del impacto del Acuerdo sobre los ADPIC en la innovación y acceso a los medicamentos a nivel mundial, y deben luego cambiar fundamentalmente la regulación de medicamentos sobre la base del derecho a la salud y la promoción de la investigación y desarrollo y el acceso a vacunas y medicamentos.

5. Exigimos normas del comercio que respalden la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria

El hecho que haya aún casi mil millones de personas con hambre a nivel mundial, la concentración empresarial creciente de las industrias agrícolas y las múltiples crisis mundiales de alimentación, han puesto al descubierto nuestro sistema fallido de comercio de alimentos. Los agricultores pobres se ven expuestos a avalanchas de importaciones cuando los precios son demasiado bajos (a menudo a causa del injusto dumping de exportaciones provenientes de países ricos) a la vez que las filas de seres humanos que padecen hambre se engrosan cuando los precios de los alimentos se disparan. Esta volatilidad es resultado de la especulación excesiva en los mercados de productos básicos estandarizados (commodities) y las normas alimentarias mundiales del Acuerdo sobre la Agricultura –cuya redacción responde en gran medida a los intereses del agronegocio empresarial corporativo- que trata a los alimentos como una fuente de ganancias empresariales en lugar que como un derecho humano. Además, las normas vigentes limitan a los países en desarrollo a los peldaños más bajos de las cadenas mundiales de valor en la agricultura. El ODS 2 - “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible” es un componente clave para lograr el desarrollo sustentable en todos los países, especialmente los países en desarrollo y los menos adelantados. Las metas del objetivo 2 se refieren, entre otras cosas, a garantizar el acceso a los alimentos para todos los grupos, especialmente para quienes están en situación de pobreza y marginados, a mejorar la nutrición, duplicar la productividad de los agricultores a pequeña escala, a mantener la biodiversidad, y al uso de los recursos genéticos. Es hora de una transformación fundamental del sistema alimentario. Los siguientes cambios a las normas del comercio mundial son esenciales para permitirles a los países garantizar su soberanía alimentaria y su seguridad alimentaria y promover los medios de sustento rurales:

• Todos los países deben tener derecho a subsidiar alimentos, proteger los medios de sustento de los agricultores y promover el desarrollo rural, siempre que sus subsidios y otras políticas no perjudiquen a los agricultores de otros países.
• El derecho a subsidiar alimentos para quienes están en situación de pobreza, incluso a través de pagos directos a los agricultores pobres, como se propone en las negociaciones actuales (por el grupo G33 de 47 países) debe aprobarse inmediatamente como una medida esencial para promover la soberanía alimentaria y garantizar así la seguridad alimentaria.
• Los países en desarrollo deben tener derecho a usar instrumentos comerciales como los aranceles y usar otras medidas para proteger los medios de sustento de sus agricultores, el desarrollo rural y la seguridad alimentaria, especialmente cuando enfrentan avalanchas de importaciones de productos subsidiados. Esta potestad, denominada el Mecanismo de Salvaguardas Especiales (MSE) en la OMC, debe acordarse, pero con un formato mucho más flexible que lo que reflejan las propuestas actuales en la OMC, para que sea útil para lograr la seguridad alimentaria.
• No debe demandársele ningún compromiso adicional en materia de agricultura a los PMA.
• Los países en desarrollo deben poder eximir de cualquier posible recorte arancelario futuro a cualquier producto que consideren necesario para proteger los ingresos de los agricultores, la seguridad alimentaria y el desarrollo rural; y la designación de Productos Especiales en la OMC debe ampliarse.
• Los subsidios a productos que se exportan deben disciplinarse, incluidos los subsidios de la llamada “Caja Verde” y los beneficios de la Medida Global de la Ayuda (AMS, por su sigla en inglés).
• Las normas del comercio deben modificarse para facilitar la regulación adecuada de las commodities con el fin de prevenir la especulación excesiva y la volatilidad en los mercados mundiales.
• Además, los miembros deben llevar a cabo una evaluación del impacto del Acuerdo sobre la Agricultura en términos de la seguridad alimentaria, los medios de sustento de los agricultores, el desvío de tierras para la producción de agrocombustibles, y el desarrollo rural, y luego rediseñar completamente las normas del comercio agrícola mundial para permitirles a los países ejercer su soberanía alimentaria.

6. Exigimos la protección de la biodiversidad y que se prohíba el patentamiento de la vida

Uno de los resultados más importantes de la Declaración de Doha fue examinar la relación del acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de la ONU sobre la Diversidad Biológica (CDB). En el transcurso de diez años de deliberaciones, algunos Miembros han presentado propuestas concretas para modificar el acuerdo sobre los ADPIC para evitar la biopiratería, pero otros han bloqueado su aprobación. Exigimos que:

• Los miembros modifiquen el acuerdo sobre los ADPIC para garantizar su coherencia con los ODS 2.5, 2. A, 15.6, 15.9, 15.a en el sentido de exigir que se revele el país de origen, y pruebas del consentimiento previo, libre e informado y de la distribución justa y equitativa de los beneficios, que sean al menos tan fuertes como lo acordado en el CDB / Protocolo de Nagoya y el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA). Esta modificación también debe abarcar la información de secuencias digitales (ISD) tal como exigen muchos países en desarrollo ricos en biodiversidad.
• Debe completarse la revisión obligatoria de las obligaciones en materia del patentamiento de la vida en el marco del Artículo 27.3 (b) del Acuerdo sobre los ADPIC. Reiteramos la necesidad de prohibir el patentamiento de todas las formas de vida como han propuesto muchos países en desarrollo.

7. Exigimos estabilidad financiera en lugar de desreglamentación financiera.

Las normas de la OMC de desreglamentación y liberalización del sector de los servicios financieros abonaron el terreno para la debacle de la crisis financiera mundial. Sin embargo, mientras que el G20, la mayoría de los gobiernos e incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI) han reconocido la necesidad de volver a reglamentar en materia financiera a la luz de las crisis financieras, las normas del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de la OMC pueden de hecho obstaculizar las iniciativas de reglamentación financiera. Y las propuestas actuales en las negociaciones del AGCS en realidad ampliarían normas de acceso al mercado que establecen aún más restricciones a la reglamentación nacional de los servicios financieros. La digitalización de las finanzas y las monedas digitales representan nuevos riesgos específicos que no se están entendiendo adecuadamente y frente a los cuales las normas del comercio -inclusive en el marco de las nuevas propuestas de comercio digital- no harán más que restringir la necesaria fiscalización reguladora. Se requieren cambios inmediatos a las normas vigentes del AGCS relativas a los servicios financieros y no una mayor desreglamentación o liberalización de los servicios financieros por fuera o dentro de la OMC. Específicamente:

• Los países no deben asumir ningún compromiso adicional de liberalización del comercio de servicios financieros dentro de las negociaciones del AGCS o a través de ningún otro acuerdo comercial.
• Los países deben preservar en cualquier disposición o acuerdo comercial la potestad de exigir el archivo local de los datos financieros a efectos de una reglamentación financiera eficaz, y de examinar los activos con fines fiscales y para evitar prácticas fraudulentas o depredadoras.
• Además, deben revisarse y evaluarse las normas vigentes del AGCS a la luz de la crisis financiera y luego modificarse para garantizar el margen de maniobra en materia de políticas para que todos los países puedan aplicar medidas macroprudenciales, tales como controles de capital e impuestos a las transacciones financieras, así como implementar otras medidas de reglamentación financiera.

8. Exigimos que las normas del comercio no limiten el papel del Estado democrático como proveedor de servicios públicos universales de calidad ni restrinjan la reglamentación de la economía en aras del bienestar general y el interés público

Las normas vigentes del AGCS conceden derechos a las grandes empresas para operar en mercados con condiciones favorables para ellas y restringen a la vez la fiscalización pública regulatoria, y no deben ampliarse. Las grandes empresas tienen demasiada influencia en la elaboración de políticas, inclusive en países extranjeros. A pesar de la necesidad de revertir el control empresarial de la elaboración de políticas de interés público, algunos países están proponiendo nuevas disciplinas en las negociaciones sobre “Reglamentación nacional”. Por lo tanto, exigimos que:

• Las iniciativas en pos de nuevas disciplinas en materia de Reglamentación nacional se dejen sin efecto.
• Los servicios públicos existentes y especialmente los futuros deben excluirse de cualquier acuerdo actual o futuro que incluya servicios, mediante una excepción amplia y auténtica. Esto debe incluir servicios que quizás sea necesario remunicipalizar en el futuro.
• Además, los Estados miembro y la OMC deben llevar a cabo una evaluación fundamental de las implicancias del AGCS respecto de las facultades para garantizar un control regulatorio adecuado de los servicios y garantizar el acceso a servicios públicos de calidad. Deben eliminarse cualesquier restricciones al logro de los ODS relacionados con la buena salud y el bienestar, la educación inclusiva y equitativa de calidad, el agua potable y saneamiento, las energías limpias y asequibles y otros servicios, sin recurso de impugnación según el libro de normas de la OMC.

9. La OMC no es el lugar para establecer políticas sobre el cambio climático

La expansión del comercio es una causa importante del cambio climático que provoca crisis ambientales, económicas y sociales a nivel mundial. Sin embargo, incluir el cambio climático en la agenda de la OMC representaría una grave amenaza para la estabilización del clima, ya que las normas de la OMC favorecen estructuralmente el aumento de los flujos comerciales que aportan una enorme cantidad de los gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático, por sobre la sustentabilidad ambiental. Idealmente, el Acuerdo de París debería sentar las bases para el respeto de las normas y estándares ambientales y las metas climáticas en la esfera de la producción y el comercio. Sin embargo, las normas de la OMC limitan actualmente a los países a la hora de ecologizar sus industrias y, por consiguiente, a la hora de promover una "transición justa" –un enfoque de la transición a tecnologías respetuosas con el clima centrado en el trabajo digno. Varios aspectos de las normas vigentes de la OMC deben modificarse para concederles un mayor margen de maniobra a los países en materia de políticas para que puedan proteger el medioambiente y proponerse políticas de desarrollo sustentable. Hay otros organismos multilaterales mucho más adecuados que la OMC para discutir e implementar normas relacionadas con el clima mundial.

• Las normas de los ADPIC deben modificarse para permitirles a los países flexibilidades adicionales al régimen de propiedad intelectual en materia de transferencia de tecnología, incluso en otros ámbitos multilaterales.
• Las políticas relativas al cambio climático, incluidas aquellas que exigen hacer hincapié en la creación de empleo a la hora de adoptar tecnologías de energía limpia, no deben ser impugnables a través del mecanismo de solución de diferencias de la OMC.

10. La OMC, incluida su Secretaría, debe abandonar el secretismo y su funcionamiento reservado y antidemocrático

La OMC no es apta para gobernar el comercio mundial. Mientras se establece un nuevo sistema, también se requieren cambios inmediatos referidos al funcionamiento de la OMC, entre ellos:

• La OMC, incluidas las negociaciones y otras reuniones, debe abrirse a y facilitarle a la sociedad civil participación adecuada.
• Los documentos y textos de la OMC deben ser públicamente disponibles.
• Las “colaboraciones” actuales entre el sector empresarial y la OMC deben cesar.
• No se debe ampliar el papel de la OMC más allá de su mandato actual.
• La Secretaría no debe actuar a favor de los reclamos de determinados miembros y excluir los reclamos de otros miembros en las negociaciones.
• Se debe llevar a cabo una revisión de las decisiones del MSD con miras a suprimir aquellas que anteponen las preocupaciones comerciales al interés público.

Hay muchos más aspectos del sistema mundial de comercio que se deben cambiar, incluida una revisión fundamental y la anulación o transformación de los acuerdos bilaterales y regionales de comercio e inversiones. Lo antedicho representa el nivel mínimo de cambios inmediatos que a os que se debe someter el sistema multilateral de comercio para conceder más margen de maniobra en materia de políticas para que todos los países puedan implementar soluciones y promover la prosperidad compartida para beneficio de todas/os.

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